Tomando la conocida referencia a aquel acontecimiento que produjo la salida del Reino Unido de la Unión Europea mediante referéndum (el tan conocido Brexit), se ha condensado en este término (Lexit) la iniciativa surgida, o más bien reavivada, en León a partir de un acuerdo adoptado en su Diputación Provincial. La verdad es que el Brexit y el Lexit tienen pocos puntos de comparación, pero el término tiene una evidente capacidad descriptiva. Se trata de la planteada eventualidad de que la provincia de León, sea ella sola, sea acompañada por las provincias que formaron el territorio del Reino de León (a la sazón, León, Zamora y Salamanca), abandone su adscripción actual a la Comunidad Autónoma de Castilla y león, como paso previo para configurar una Comunidad Autónoma diferente, dentro de las opciones teóricamente posibles (Comunidad uniprovincial de León solo; vinculada con las otras dos provincias del viejo Reino; o incluso asociada a Asturias, que también e ha planteado.
Obviamente, las aspiraciones son libres y respetables; pero también hay un marco normativo a respetar. Veamos si no: la eventualidad de que una provincia que forma parte de una Comunidad Autónoma se desgaje de ella no está contemplada ni en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, ni en la propia Constitución; nuestro Estatuto contempló durante un tiempo la incorporación de otras provincias (pensaba entonces en Santander y Logroño, luego constituidas en Cantabria y La Rioja) y la segregación de un enclave (pensaba en el Condado de Treviño), pero no en el descuelgue de una provincia. Sería necesario modificar el estatuto, con el doble acuerdo de las Cortes de Castilla y León y las Cortes Generales, con mayorías cualificada y absoluta respectivamente, pues exigiría Ley orgánica. La provincia separada pasaría a serlo de régimen común, debiendo luego iniciar los trámites para convertirse en Comunidad Autónoma, con Estatuto de Autonomía propio, aprobado también por Ley orgánica.
Un proceso ciertamente complejo y, a día de hoy, de difícil materialización por lo que supondría abrir un debate de vigencia de un modelo asentado tras 40 años de aplicación. Lógicamente, hay muchas otras implicaciones y análisis que cabría hacer de la iniciativa planteada; pero conviene empezar por conocer las dificultades reales del asunto.