Por supuesto que, una vez que se haya acabado con la recuperación de los cadáveres, su identificación, la limpieza de la zona, el balance de los daños y todo lo demás, habrá que mirar atrás y hacer examen de conciencia de todo lo que hemos hecho mal en la tragedia de la Comunidad Valenciana. Pero ¿quién va a hacerlo? ¿Los mismos que han sido incapaces de gestionar la tragedia? ¿Los que todavía no han cubierto los compromisos contraídos con los que sufrieron la tragedia de La Palma, hace tres años, o del terremoto de Lorca, hace once años? ¿Los diputados y senadores que dijeron que ellos no estaban para achicar el agua en Valencia, como Patxi López o Aina Vidal, pero sí para elegir a los miembros del Consejo de Administración de RTVE? ¿Los que mandaban cuando la pandemia y, aunque se comprometieron a ello (Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad) que todavía no han sido capaces, no han querido hacer un análisis de lo que realmente pasó, de los errores cometidos y de lo que tenemos que hacer si esa situación se repite? Sólo una Comisión de expertos, técnicos, independientes de todo partido podría decirnos qué hemos hecho mal y, sobre todo, que necesitamos y qué debemos hacer para que esto no se repita?

Seguramente no hay operativo en el mundo preparado para hacer frente a lo que pasó. Pero en esta tragedia ha fallado el Gobierno de la Comunidad Valenciana, incapaz de gestionar la tragedia, de pedir la ayuda necesaria, de gestionar las ayudas y a los miles de voluntarios. Han fallado las alertas y la comunicación. Ha fallado el Gobierno de la nación, el presidente del Gobierno que ha pasado por Valencia un rato sin atreverse a ir a la zona cero ni a ver a los ciudadanos que lo han perdido todo. Ha fallado el diálogo y la comunicación entre los dos Gobiernos responsables. Han fallado los ministros de Defensa, de Interior, de Sanidad, de Administraciones Públicas que deberían haber instalado su despacho en Valencia para coordinar y ayudar. Ha fallado la coordinación entre todas las fuerzas de seguridad desplazadas a Valencia, en muchos casos tarde por decisiones políticas y por falta de un mando unificado y eficiente. ¿Hay que pedir ayuda cuando todos ven la magnitud de la catástrofe? ¿Mandan la burocracia, la ideología y el conflicto de competencias para enviar esa ayuda cuando hay ya centenares de muertos y una zona arrasada? ¿No debería el Gobierno haber celebrado ya un Consejo de Ministros en Valencia con presencia del presidente de la Generalidad Valenciana?

La catástrofe ha despertado lo mejor y lo peor de nosotros. La enorme generosidad de la sociedad civil, volcada en recoger alimentos o dinero, en llevar agua, en ir a desescombrar, a quitar barro, a retirar los vehículos, a acompañar a los que sufrían* pero en medio de una absoluta desorganización, sin que nadie ordenara ese trabajo. Una sociedad civil desorganizada porque así lo han querido los políticos para que nadie les haga sombra. Y, por el contrario, decenas de golfos han aprovechado la situación para robar en joyerías, en tiendas de todo tipo, en casas particulares. Y otros pocos han aprovechado la situación para avivar el odio contra la inmigración, para lanzar bulos, para desinformar, para criticar a empresarios como Amancio Ortega, generoso y rápido en la donación. Miserias humanas incomprensibles e indefendibles.

Ha faltado agua, comida, medicinas porque la maquinaria del Estado no ha sido capaz de reaccionar a tiempo. Es inconcebible que no llegaran esos primeros auxilios hasta muy tarde, cuando con unos simples helicópteros se podría haber accedido a cualquier lugar de la comunidad, a pesar de las carreteras cortadas o los puentes destruidos. La imagen exterior de España ha quedado seriamente dañada, pero sobre todo, la confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad para hacer frente a una emergencia, la confianza en nuestras instituciones. ¿Dimitirá alguien? ¿Asumirá alguien sus responsabilidades? Lamentablemente, lo mismo que ya no hablamos del caso Begoña Gómez ni de Errejón, seguramente en poco tiempo también nos olvidaremos de Valencia, como antes de Lorca o de la isla de La Palma. Entre todos deberíamos impedirlo. Por nuestra propia dignidad.