El rey Felipe presidió ayer en Barcelona la entrega de despachos a los casi 140 jueces de la 73ª promoción. En su discurso, impecable e inspirador de principio a fin, el monarca subrayó que la Justicia es uno de los «valores fundamentales de la democracia, la condición imprescindible para que una sociedad pueda convivir pacíficamente» y resaltó que la entrega de los jueces a esta tarea requiere no solo de una vocación «auténtica» sino, al mismo tiempo, «de un profundo respeto hacia la institución judicial». Felipe VI, acompañado en el acto por Salvador Illa –primera vez desde 2016, por cierto, que asiste el presidente de la Generalitat–, puso sobre la mesa ese «profundo respeto» porque «las instituciones de las que se dotan las sociedades son las que vertebran los Estados y les otorgan unas normas de funcionamiento que nunca se deben quebrar, si queremos seguir viviendo en un sistema sereno y equilibrado de poderes que emanan del pueblo, de la soberanía popular, y que quedó consagrado en la Constitución Española de 1978, auténtica clave de la estabilidad y prosperidad de nuestro país».

Este primer mensaje es claro e inequívoco, y es que de un tiempo a esta parte la política, o mejor dicho incluso, la clase política, ha extendido sus 'tentáculos' más allá de lo debido, transgrediendo una norma básica y fundamental en cualquier Estado de Derecho como es la separación de poderes. En los últimos años, los españoles han visto cómo aquellos que les gobiernan o aspiran a ello, han ido transgrediendo fronteras que otrora parecían infranqueables y ahora se diluyen. Todo el mundo recuerda esa pregunta con tono socarrón del presidente del Gobierno a un periodista: «¿De quién depende la Fiscalía?». Todo el mundo recuerda también cómo un portavoz del PP en el Senado escribió en un grupo de WhatsApp: «Controlaremos la Sala Segunda desde detrás» en pleno reparto de jueces en el Consejo General del Poder Judicial. Y todo el mundo recuerda también cómo varias 'primeras líneas' de Podemos etiquetaron a los jueces como «fachas con toga» al no alinearse con la controvertida ley del 'solo sí es sí'.

Hubo más. Felipe VI señaló que «no solo esperamos de vosotros una correcta interpretación y aplicación de las leyes, que son expresión de la voluntad popular [...], tenéis que guardar las normas de conducta ejemplar que caracterizan al Poder Judicial español y desenvolveros siempre bajo unas estrictas exigencias éticas, convirtiendo así vuestro desempeño profesional en un constante ejercicio de rectitud que refleje la confianza que los ciudadanos depositan en la institución». Una clara declaración de intenciones en el momento en el que el CGPJ abrió ayer una diligencia informativa tras recibir más de 900 quejas y denuncias por el comportamiento del juez Adolfo Carretero durante el interrogatorio a Elisa Mouiláa. Dicho queda. El rey marca el camino.