El Gobierno de Castilla y León relaja su posición inicial y abre la posibilidad de realizar «aportaciones económicas» al Serla para evitar su desaparición, algo que condiciona a que patronal y sindicatos también asuman parte del coste, después de que los Presupuestos Generales de la Comunidad no consignaran ni un euro a la Fundación. Precisamente, esa ausencia de financiación ha sido el argumento esgrimido por la Consejería de Empleo para avalar su desaparición, lo que motivó la amenaza del Ejecutivo central, en boca de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, de judicializar la decisión. Ahora, la Junta de Castilla y León no niega que pueda aportar fondos al servicio de relaciones laborales, si bien exige un esfuerzo de «austeridad» a patronal y sindicatos, ante el inicio del proceso de supresión por la falta de financiación. A grandes rasgos, el portavoz y consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, reconoce que esta posibilidad queda supeditada a las cantidades que estén dispuestas a destinar otros agentes -sindicatos y empresarios- e instituciones.
Una posición que el propio Fernández Carriedo insistió en que no supone un cambio de postura en las pretensiones del Ejecutivo, y de la que está plenamente informada la Consejería de Industria. «Estamos dispuestos a hacerlo», verbalizó el portavoz autonómico en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, al tiempo que sostuvo que están dispuestos a «escuchar» la opinión de los sindicatos UGT y CCOO así como de la CEOE de Castilla y León, porque las decisiones sobre el arbitraje y la mediación les corresponde a ellos como agentes sociales y económicos firmantes del tercer Acuerdo para la Solución Autónoma de Conflictos Laborales.
Repitió el consejero que la Junta no excluye la posibilidad de realizar una aportación a la Fundación del Serla, así como a buscar la financiación necesaria, que dejó en manos de los agentes sociales y económicos así como de otras instituciones. «Estamos dispuestos a hablar», reiteró el portavoz, quien señaló que también habrá que ver qué cantidad pueden aportar el resto de partes, entre las que incluyó a otras instituciones. Además, insistió en que no ha habido un cambio de posición y que la Consejería de Industria, Empleo y Comercio conoce esta posibilidad.
De hecho, el 13 de enero, este departamento informó de que había propuesto una cofinanciación del servicio, de forma que la Junta asuma el coste que supondría la prestación del mismo a través de las oficinas territoriales de Trabajo y que el resto corriera a cargo de los firmantes del acuerdo interprofesional, lo que fue rechazado.
«Les cedemos el protagonismo a la patronal y los sindicatos», resumió el consejero portavoz, quien añadió que se ponen a su disposición para conocer «cómo» quieren resolver los conflictos laborales, según informa Ical. «Estamos aquí para ayudar», afirmó Fernández Carriedo, para referirse a que son los titulares de la negociación de los conflictos laborales, sindicatos y empresarios, los que deben determinar cómo quieren canalizar la mediación, puesto que está garantizada la actuación tanto en los colectivos individuales, que gestionan las oficinas de trabajo en todas las provincias menos en Valladolid, y los colectivos, que estaban en manos del Serla.