Los sistemas de relación entre los territorios suministradores de energía y los territorios receptores apenas han variado. Son, si cabe, más desequilibrados en la medida que proveen una energía barata y limpia a las grandes ciudades consumidoras, sin que estas tengan ningún impacto paisajístico, ambiental, ni de otro tipo. Asistimos desde hace tiempo a un debate sobre el despliegue de las energías renovables en el territorio. Las circunstancias geopolíticas y los objetivos de descarbonización de la economía han llevado a la Unión Europea a plantear un desarrollo rápido de energías alternativas para garantizar cuanto antes una independencia energética. España no ha permanecido ajena. No solo es un país grande dentro de la Unión, sino que reúne óptimas condiciones para convertirse en uno de los líderes europeos en la producción de energías limpias. Pero conforme se han ido desplegando, han empezado a surgir dudas y una creciente contestación social por el modelo empresarial desarrollado, la masificación eólica y los abusos que se están cometiendo en determinadas comarcas. Dudas, por ejemplo, cuando tal expansión perjudica o coarta otras posibilidades de desarrollo de una comarca. Dudas sobre los distintos impactos que una instalación masiva puede provocar, incluida la propia producción de bienes esenciales, como son los agroalimentarios. Las elevadas rentabilidades que aseguran las energías renovables pueden acabar planteando una colisión entre dos de los objetivos estratégicos de la UE -la producción de alimentos y de energías limpias-, aparte de las consecuencias territoriales, que no han sido suficientemente evaluadas. Todo ello demanda, a nuestro juicio, una nueva política de ordenación del territorio, que contemple todos los elementos que intervienen en la gestión territorial, incluida la creciente incidencia del cambio climático.
Dentro de España, Castilla y León, una comunidad extensa y despoblada, se ha convertido en la primera suministradora de energía renovable. La transformación paisajística es impresionante. Solo hace falta moverse por cualquier carretera de la Comunidad para percibir los cambios que se están produciendo en los usos del suelo y en el paisaje. Soria no se ha quedado atrás. Al establecimiento de parques eólicos, que ya se observan por todo el territorio provincial, se suma ahora la instalación de plantas de energía solar fotovoltaica, que son muy consumidoras de suelo. El problema es que están ocupando tierras muy productivas y esto, si se generaliza, puede mermar la producción agrícola a largo plazo y aumentar la dependencia alimentaria de la Unión.
Según el Censo Agrario de 2020, hay una mayoría de la Superficie Agraria Útil que se aprovecha en régimen de arrendamiento. En la provincia de Soria alcanza el 61,2%, más de 3 puntos por encima de la media de Castilla y León. La cuestión es que se crea una competencia por el uso del suelo en la que los arrendatarios de las tierras no pueden competir con los precios que pueden pagar las grandes compañías eléctricas. Todo ello sin contar con la crisis que vive el sector. Esto puede generar una revolución en el medio rural en la medida que acaba con los agricultores y crea un colectivo de propietarios, muchos de los cuales no viven en el territorio, que sustraen unas mejores rentas de él, pero sin ninguna o con escasa repercusión en el mismo. Se habla de la energía agrovoltaica, que compatibiliza el uso agrario y energético en una misma parcela, además de traer beneficios para los propios cultivos. Hay proyectos en distintas comunidades con ciertas producciones. Su adaptación a los cereales es más complicada, pero deberían surgir proyectos para buscar otras compatibilidades.
Todo esto invita a hacer una reflexión sobre el alcance de la expansión de las energías renovables y su contribución al futuro del mundo rural. En algunos municipios pequeños estamos viendo la entrada de grandes ingresos, con una fiebre por la construcción de pistas de pádel, que recuerda la proliferación de piscinas o frontones en otras épocas. Más allá de las situaciones particulares, parece razonable que la disposición de energía limpia debería servir para atraer empresas y recibir algún tipo de compensación a los territorios afectados, aparte de reclamar un asesoramiento para que todos los fondos que se generan puedan convertirse en un factor de desarrollo en las comarcas implicadas.