Ansiedad y depresión son palabras habituales dentro del sector docente. Tanto es así que casi ocho de cada 10 profesores (el 77 por ciento de este colectivo) padece ansiedad, mientras que el 13 por ciento del total fueron diagnosticados de depresión y hasta un 12 por ciento tuvo que cogerse una baja laboral durante el curso pasado, el referido a 2022-2023. Todo ello en un ambiente laboral y educativo en el que las agresiones físicas, como empujones, collejas, zancadillas o lanzamientos de objetos, y las falsas acusaciones contra los maestros son moneda de cambio en el día a día.

Estas son algunas de las conclusiones del informe del Defensor del Profesor del sindicato de docentes ANPE, presentado ayer. En esta investigación se analizan un total de 1.947 casos de docentes que recurrieron en el curso pasado a este servicio, aunque estas cifras son solo «la punta del iceberg», subrayó la vicepresidenta nacional de ANPE, Sonia García.

En esta edición, añadió García, destaca que el 47 por ciento de los casos corresponden a la etapa de Secundaria y un seis por ciento a la etapa de Formación Profesional (FP), mientras que bajan los supuestos referidos a los ciclos de Infantil y Primaria.

El informe divide los casos en tres tipos de grupos: los relacionados con el entorno laboral, con el alumnado y con los padres.

En cuanto a los estudiantes, dos de cada 10 docentes (concretamente el 22 por ciento) informaron de faltas de respeto por parte del alumnado; el 21 por ciento refirió problemas para impartir una clase normal y otro 20 por ciento relató falsas acusaciones, que consisten en decir, por ejemplo, «que el docente no ha explicado un tema y lo ha puesto en el examen o me mira mal», aseguraron los docentes a los que se preguntó.

Pero uno de los temas más graves es el aumento de las agresiones físicas hacia el profesorado, al que se han sumado los casos que tienen que ver con el ciberacoso al profesor, suplantación de identidad en redes sociales para ridiculizarlo, el envío de amenazas o las diferentes presiones para intentar subir nota.

En este sentido, la coordinadora estatal del servicio del Defensor del Profesor, Teresa Hernández, destacó el aumento de los casos de violencia física, que calificó de «ciertamente preocupante» y que en este curso se situaron en un siete por ciento, frente al seis por ciento del año anterior.

Hernández incidió especialmente en este tipo de agresiones.  «Hay alumnado que, por diversos motivos, viene al colegio con armas blancas. Entendemos, en este sentido que un solo caso de agresión es inconcebible en el ámbito educativo», señaló.

En estos supuestos, el sindicato profesional mayoritario en el sector pide una sanción inmediata y que se tipifique como falta muy grave con expulsión y cambio de centro de forma inmediata.

En cuanto a las familias, lo que más se repite son falsas acusaciones, hasta en un 25 por ciento, y también faltas de respeto, en un 17 por ciento, mientras que uno de cada tres casos que se relatan hay un problema con la Administración de Educación.

En cuanto al estado de salud del colectivo, Hernández explicó que muchos maestros se sienten «desbordados», deprimidos y la sensación de no tener el apoyo adecuado de la administración.

Un alumnado desmotivado

Pero los profesores no son los únicos que están quemados con su trabajo y con la escasa valoración que los estudiantes y la sociedad en general tiene sobre su labor. Los alumnos también se sienten desmotivados y tienen «miedo al futuro», ya que tras la pandemia ha crecido el aislamiento social porque se han refugiado más en las redes, y ello se une a «la permisividad y sobreprotección de las familias», indicó la vicepresidenta de ANPE.

Unos padres, añadió, que siguen cuestionando la profesionalidad del docente y a quien desautorizan en los grupos de wasap, lo que «mina y dificulta su labor».

Asimismo, García pidió un mayor número de orientadores en los centros para hacer frente a los problemas de salud mental del alumnado y un mayor apoyo a la nueva figura del coordinador de bienestar.

Según el Defensor del Profesor, esa figura del coordinador de bienestar, que tendría que estar implantada desde el año pasado, «a día de hoy en algunas comunidades no está en los centros educativos». En este sentido, advirtió que hay una «falta de concreción» en la normativa estatal sobre esta figura y que en algunas regiones «no se ha dejado espacio horario para realizar estas funciones o la falta de reconocimiento económico para realizar esta función».