Muchas cosas importantes están pasando en Europa y en el mundo, mientras aquí el debate político sigue embargado por la polarización de asuntos internos, que ya superan la arriesgada apuesta de Pedro Sánchez por la normalización política en Cataluña para devolvernos a la España de los casos de corrupción. En esta ocasión con especial relevancia porque afecta a la ajustada mayoría parlamentaria. Sorprende todavía ver como determinados personajes siguen creciendo a la sombra de la política, lo cual pone la atención sobre la forma de elección de los asesores y la necesidad de fijar unas exigencias mínimas para su participación en ciertos cargos de responsabilidad, más allá de ser una persona de confianza. Causa mucha desafección, incluso genera reacciones extremas, pero es imposible cambiar al ser humano. Lo que distingue a un país democrático de otro que no lo es es la presencia de un poder judicial y unas fuerzas del orden independientes que sacan a la luz todos los casos, los investigan y los juzgan con todas las garantías. Lo que distingue también a unos partidos de otros es la respuesta que se da ante los casos de corrupción. La ética personal, por desgracia, no es lo más frecuente. En realidad, no debería importar lo que haga el de enfrente para tomar decisiones propias. Si solo nos moviéramos por lo que hacen los demás para justificar nuestros actos estaríamos perdidos. Aparte de la responsabilidad penal, existe una responsabilidad política. Tomar la decisión dignifica a quien lo hace, a su partido y a la buena política. Pero cuando no es así, entran en juego las comparaciones.
Lo peor de los temas que polarizan la vida política es que desvían la atención sobre los debates importantes que deberíamos priorizar, como la sanidad, la vivienda, la educación, la despoblación, la sequía, el cambio climático, la ordenación del territorio o el sistema de financiación, por citar algunos. La polarización política también alcanza a los partidos de la oposición, que centran su acción en aquellos temas que más rentabilidad política les reportan. Arrojan dudas y todo tipo de interrogantes, siempre mirando hacia arriba. La lucha política es tan descarnada que hemos asistido al registro de dos comisiones de investigación, que aportan más teatro que soluciones. Todo ello supone un gran consumo de tiempo y de esfuerzo, y nos aleja de un debate sereno sobre los necesarios consensos en tantos temas.
La facilidad con que aparecen casos de nepotismo y corrupción en la vida política española, y las fundadas dudas de gestión que suscitan los nombramientos en determinados servicios y empresas públicas invita siempre a la reflexión sobre las cosas que deberíamos cambiar para mejorar la calidad de nuestra democracia. España es un país que tiene especiales dificultades para lograr pactos de estado y no es el mejor momento para conseguir acuerdos con la oposición. Pero, a diferencia de otros, todavía los dos grandes partidos moderados concentran más del 60% del voto en las elecciones. Y eso es un gran activo. Se habla de si la política se ha convertido en una vía en la que muchos buscan hacer su carrera profesional. Los partidos en España tienden a ocupar las instituciones cuando acceden al poder, nombrando personas de confianza, casi siempre del partido, aunque no tengan la formación adecuada. Quizá haya que reconsiderar estas pautas y buscar una mayor profesionalización en ciertos niveles de la administración y en el acceso a la dirección de determinadas instituciones públicas. Sería un avance llegar a acuerdos para que determinados organismos estuvieran dirigidos por profesionales independientes, elegidos por consenso o por determinadas mayorías. Y no solo a nivel estatal, sino también autonómico. Hablamos, por ejemplo, de la dirección del ente público RTVE o de las televisiones autonómicas, la dirección del CIS, o la presidencia de Correos, de Paradores y otras empresas públicas. Quizá sea demasiado idealista, pero en una sociedad y una democracia madura, consideramos positivo reducir la presencia de la política en la sociedad y aumentar la presencia de la sociedad civil en la política.