El proceso abierto contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, vivirá el martes otro de esos días claves en la instrucción de la causa con la vista por la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo del recurso presentado por el investigado después de que el juez instructor, Ángel Hurtado, ordenase la entrada y registro en su despacho profesional con la orden a los agentes del orden de la incautación y grabado de todos sus dispositivos electrónico. El fiscal, que no asistió a los primeros momentos del registro, considera que la orden es, en primer término, desproporcionada por cuanto es una medida que se aplica para delitos más graves que es el de revelación de secretos que es de lo que se ocupa el procedimiento; y en segundo lugar, porque la orden de registro no está suficientemente motivado y justificado.
Si la sala de apelaciones atendiera el recurso de García Ortiz, la causa por el desvelamiento del secreto sobre un presunto delincuente cuyo abogado reconoció que había cometido dos delitos fiscales para alcanzar un pacto con la fiscalía evitar que el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, evitara la prisión, entraría en barrena. El último informe de la UCO sobre este caso dice dos cosas: que el fiscal general borró intencionadamente sus correos electrónicos y comunicaciones en dos ocasiones, y que en las comunicaciones cruzadas no se ha encontrado ninguna, en los días que se investiga la filtración, con algún periodista.
En materia de derecho nada es lo que parece y no hay dos asuntos asimilables a los que se le puedan aplicar los mismos criterios, pero los jueces del Supremo podrían tomar nota de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que sí consideró inmotivada y excesiva la entrada y registro en el despacho del empresario Juan Carlos Barrabés, la incautación de sus dispositivos electrónicos y ha anulado las diligencias subsecuentes a esa decisión, dentro del denominado 'caso Begoña Gómez. En este asunto otro de los testigos que pasó a la condición de investigado, el exconsejero madrileño Juan José Güemes ha presentado un recurso contra su imputación y pide el archivo de la causa contra él, porque el juez Juan Carlos Peinado habría tergiversado la declaración de otra testigo que, según su criterio, afirmó que Begoña Gómez fue contratada por ser la mujer del presidente, lo que él negó. Como existe transcripción de las declaraciones de la jefa de Recursos Humanos del IESE y de Güemes, el asunto no debiera tener más recorrido.
Que la prolongación de los casos que sirven para propalar la idea de que el Gobierno está cercado por la corrupción de su gobierno, su partido y de su entorno familiar es un asunto político no cabe ninguna duda. Que el fiscal general el Estado no es santo de la devoción del Supremo es un hecho, porque no ha atendido sus decisiones sobre determinados nombramientos que se han convertido en un desafío entre ambas partes. Una utilización de los supuestos casos de corrupción del Gobierno que llega hasta el hecho de que el grupo parlamentario popular va a llamar a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre su esposa, a pesar de que conocen perfectamente que el jefe del Ejecutivo no está obligado a comparecer en los parlamentos autonómico porque el lugar para el control de su gestión es el Congreso. Pero el ruido sirve para llenar páginas y minutos.