La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de convocar a todos los grupos  parlamentarios, excepto Vox,  para explicarles, o poner en común, la nueva situación de la defensa europea tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y las  presiones sobre Ucrania para que firme la capitulación ante Rusia, adolece de un problema de fondo. Dice Sánchez que no convocará al partido de la extrema derecha porque ya se conocen cuáles son sus posiciones sobre las políticas de Trump y del presidente ruso, Vladimir Putin, y su servilismo respecto a ambos, en un momento en el que es necesario incrementar el gasto en la defensa europea para cubrir la amenazas de abandono de EE UU y para sostener el esfuerzo bélico de Ucrania.

Se trata de un argumento débil porque también se conoce de antemano lo que piensa Podemos en cuanto al incremento del gasto en defensa y el suministro de armas a Ucrania, al igual que otros de los partidos que forman parte del denominado gobierno progresista. Para muchos de los partidos integrantes de Sumar, para ERC, BNG y EH Bildu  cualquier aumento del gasto de defensa es considerado como un sindiós en el que no están dispuestos a participar, dado que muchos de esos partidos son herederos ideológicos del 'no a la guerra', aunque no parecen distinguir que entre la decisión unilateral de invadir Irak y la respuesta a una agresión como la de Rusia sobre Ucrania existe una diferencia sustancial en la que están en juego la seguridad de las fronteras europeas, y tras el advenimiento de Donald Trump, hasta conceptos inamovibles como democracia, libertad y protección del Estado de bienestar que son las señas de identidad europeas.

La diferencia entre Vox, a quien le puede parecer bien el incremento en el gasto en defensa, porque la ultraderecha siempre ve con buenos ojos que existan una fuerzas armadas potentes y bien preparadas para la guerra, cualquier guerra,  y el resto de los partidos que se pueden oponer a incrementar el gasto en defensa hasta el 2% a una mayor velocidad de la prevista inicialmente por el Gobierno -que debía concluir en 2029-, es que mientras el primero pretende además acabar con la Unión Europea o reducirla a un mero mercado común, el resto de los partidos han hecho profesión de fe europeísta como un espacio de paz y seguridad a preservar y reconocen que en los últimos tiempos, ante crisis de distinto tipo –la sanitaria o la inflacionaria-, ha decidido adoptar decisiones que han tenido más en cuenta el bienestar de los ciudadanos que el cumplimiento de las reglas fiscales. Ahora bien, el esfuerzo que se va a exigir a España para cumplir con las expectativas de Bruselas, con préstamos y compras comunes, requerirá de un esfuerzo nacional ímprobo para obtener más de 4.000 millones anuales, que sus socios progresistas se van a negar que salgan de una reducción de los servicios sociales.  Eso es lo que debe explicar Sánchez

El Partido Popular, que lleva razón al criticar a Pedro Sánchez por haber tardado tanto tiempo en informar a los partidos políticos, -además de las reuniones del próximo jueves a finales de mes comparecerá en el Congreso sobre la defensa europea y Ucrania-, al mismo tiempo sabe que es el comodín del presidente del Gobierno en estas cuestiones, que difícilmente Feijóo podrá oponerse a lo que decidan las instituciones de la UE, y menos aún después de que su referente alemán, Friedrich Merz,  haya decidido relajar la presión sobre las reglas fiscales de Alemania y la UE para facilitar el gasto en defensa, una música que a los oídos de los partidos conservadores siempre suena bien.