El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha puesto sobre la mesa el abuso sistemático que la Administración viene haciendo del contrato temporal. En una sentencia conocida esta semana, señala que la mejor solución para acabar con los miles y miles de trabajadores públicos que encadenan contratos temporales durante años es hacerles fijos. El varapalo judicial provocó unas declaraciones del ministro Escrivá, responsable de la Función Pública, calmando las aguas y restando importancia en el sentido de que habrá que esperar a ver cómo se pronuncian los tribunales españoles. No esta claro, al menos de momento, a cuántos trabajadores podría afectar, pero sí hay bastante unanimidad en que la sentencia pone en peligro la convocatoria de oposiciones diseñada en 2021 y que afecta a más de 500.000 plazas por considerar que no se ajusta a la normativa comunitaria.

En todo caso, ya veremos efectivamente qué ocurre en las próximas semanas. Pero, lo que sí ha logrado el TJUE es traer de nuevo a colación la alta temporalidad en la Administración. La realidad hoy es que de los 3,5 millones de empleados públicos más de un millón tienen un contrato temporal. Es curioso que, durante estos últimos años, haya sido una verdadera obsesión del Gobierno poner en la picota a los empresarios por la utilización masiva del contrato temporal, ya que la precariedad, decían, estaba servida. De hecho, se reformó la norma sobre el mercado laboral que creó la exministra Fátima Báñez y que tan buenos resultados dio en los años duros provocados por la crisis financiera.

El discurso de la izquierda tenía como eje el porcentaje altísimo de contratos temporales sobre el total de los que se firmaban, cuando ese porcentaje es prácticamente 10 puntos mayor en la Administración. A pesar de ello, toda la nueva legislación está dirigida al sector privado. Se potenciaron los contratos fijos discontinuos que finalmente han resultado ser un mero maquillaje de la temporalidad y el paro y no se ha hecho nada sobre la temporalidad en el sector público. Los sindicatos de la función pública reclaman nuevamente al calor de la sentencia que los contratos temporales no superen el 8% a finales de 2024.