Humillante ha sido el calificativo más utilizado para describir las reuniones mantenidas por PSOE y Junts con un "verificador" internacional para que controle el cumplimiento del acuerdo firmado entre los dos partidos. Acuerdo para que el independentista concediera sus 7 votos a la investidura de Pedro Sánchez, una compra en toda regla, con regateo incluido. El vendedor, Puigdemont, exigía más y más a medida que el comprador, Sánchez demostraba su empeño en pagar lo que hiciera falta para quedarse con la pieza deseada. Todo lo contrario de cómo actúan los expertos en cómo se hacen esas cosas en mercadillos y focos.
El fugado y sus compinches nunca se vieron en otra igual, por más que subían la apuesta advertían con estupefacción y entusiasmo que Sánchez aceptaba todo lo que ponían encima de la mesa, la amnistía primero y el referéndum de independencia después. Y por último, tachán tachán, una figura internacional como árbitro, con reuniones mensuales y secretas en países fuera de España. La primera, en Suiza.
Todo muy edificante, muy de gobierno progresista, muy de país democrático en el que se respeta el Estado de Derecho. El controlador, el verificador, cuya identidad se ha mantenido también en secreto hasta que fue imposible ocultarla, es un salvadoreño con curriculum de mediador con movimientos guerrilleros. El gobierno español ha exprimido hasta la última gota de dignidad que le quedaba, y ese tipo de actuaciones no se perdonan así como así.
Las tragaderas de Sánchez y de quienes continúan dándole su apoyo, empezando por todos y cada uno de los miembros de su gobierno, son inconmensurables. Más le vale a Nadia Calviño, si pretende mantener la buena imagen que tenía en Bruselas antes de ser ministra, que el viernes la voten para presidir el Banco Europeo de Inversiones, porque pronto quedará marcada con la señal de haber formado parte de quienes se han vendido al partido que pretende trocear España para quedarse con una buena parte de ella, Cataluña. Primer paso para que en otras regiones aparezcan partidos que reclamen también una independencia que nunca tuvieron. Porque eso es lo primero que tendrían que saber los sanchistas si se tomaran la molestia de conocer la historia de España: Cataluña jamás fue independiente. Puigdemont puede clamar ahora para que lo sea, pero no reclamarlo.
Faltan palabras para expresar la indignación que provoca el personaje que hoy preside el gobierno. No por ser el primer presidente que no ha ganado las elecciones, es lo de menos porque la democracia permite alianzas entre afines para alcanzar las mayorías necesarias para lograr un gobierno estable.
Pero lo que no permite la decencia política, ni la personal, es promover una ley que la mayoría de los juristas consideran inconstitucional, vender el país a un prófugo de la Justicia, aceptar un referéndum ilegal a corto plazo y, para mayor escarnio, contratar a un personaje extranjero para que verifique el cumplimiento de un acuerdo entre españoles avalado por el gobierno.