Estas últimas semanas, con la formación  del nuevo Gobierno de España, nos hemos  cansado de escuchar, leer y de ver palabras como amnistía, independentismo, pactos, destrucción  de la democracia, mediadores internacionales, condonación de deuda, injerencia en el poder judicial, pero poco se ha hablado de una palabra que sale en los pactos de PSOE con Junts, que es lo que se denomina como lawfare.
Este término que parece insignificante es el que ha provocado la movilización  de gran parte del poder judicial. Voy a intentar aclarar su significado y el alcance político que podría tener. El lawfare también es conocido como judicialización de la política o persecución judicial, en el que la justicia se utiliza como arma política. Pero las causas que se abrirían no tendrían pruebas suficientes ni estarían justificadas para poder influir en la opinión pública y deslegitimar o inhabilitar cargos públicos. De igual forma ocurriría con los bloqueos para recurrir las acusaciones.
La inclusión de este término en los acuerdos para la investidura políticamente significa que el estado de derecho actuó  de manera ilegal contra los políticos que declararon la independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017. El resultado final de esos acuerdos lo estamos viendo dos semanas después de la investidura en la que se crean dos comisiones parlamentarias para controlar desde el poder político al poder judicial con el objetivo , casi con toda seguridad, de señalar jueces y posiblemente  amedrentarlos. Un hecho extremadamente grave en una democracia  con independencia de los poderes del estado.
Yo hago varias reflexiones. La primera, que todas las asociaciones  judiciales, con independencia  del sesgo ideológico que pudiéramos decir que tienen, publicaron sendos escritos oponiéndose a la inclusión en cualquier texto, del término lawfare. Nadie les hizo caso y por eso ahora  se están manifestando en las puertas  de los juzgados, con lo esto  conlleva de mala imagen a nivel europeo de nuestro país y desprestigio ante la ciudadanía.
En segundo lugar,  el análisis político  es evidente. Al independentismo le molestan los contrapesos que nuestra democracia  tenía. Y digo tenía, en pasado, por que se están empezando a romper. El sistema judicial es un pilar fundamental  en una democracia consolidada y un Estado de derecho es una de las  forma de controlar al resto de poderes del estado, en este caso, al poder político. Con la creación de estas dos comisiones parlamentarias, el actual Gobierno  y sus socios rompen y ponen en duda esos contrapesos, y es probable que el objetivo  final de los partidos  independentistas esté más cerca.
Pero en definitiva, lo que más me preocupa es la injerencia del poder político en el judicial, la separación  de poderes está  desapareciendo y, nos guste o no, eso afecta a nuestra libertad, y al peligro de poder entrar en una autocracia. Esperemos que los mecanismos del Estado de derecho  sean lo suficientemente  fuertes y estables para combatir estas injerencias y que las ansias de poder desmedidas de algunos políticos no nos lleven a situaciones que sean irreversibles.