El Tribunal Constitucional acaba de adoptar dos decisiones relevantes sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox y sobre el recurso de amparo presentado por la exministra de Transportes y Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez. En ambos casos las resoluciones se han aprobado por siete votos a cuatro, con los bloques de los magistrados, progresistas y conservadores, perfectamente definidos y sin que nadie haya traspasado la raya. Al Tribunal Constitucional le falta un miembro que ha de elegir el Senado y que entraría a engrosar la minoría conservadora, pero que como no hay renovación del CGPJ, el PSOE tampoco hace nada por facilitar al PP que nombre un magistrado de su cuerda que acorte el resultado de las votaciones.

En ambos casos son resoluciones que favorecen las posiciones del Gobierno y de los partidos progresistas. El TC ha fallado contra el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox sobre la ley del aborto, y vuelve a permitir a las menores de dieciséis y diecisiete años abortar sin necesidad de consentimiento paterno, de tal forma que se vuelve a la ley aprobada en 2010 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que sufrió la reforma del PP y la contrarreforma que ahora ha salido adelante, con la finalidad de evitar las presiones sobre las adolescentes que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo.

En el recurso de amparo presentado por Magdalena Álvarez, a quien el TC ha dado la razón para que se anule su condena por prevaricación en el caso de los ERE de Andalucía, puede darse por seguro que la sentencia habría sido la contraria en el caso de que el Alto Tribunal hubiera tenido otra composición y la mayoría fuera conservadora.  Quienes ahora se rasgan las vestiduras – Cuca Gamarra afirma que se trata de "un indulto por la puerta de atrás- por decisiones que se intuye primero y se comprueba después cuál es su tenor, solo tienen que echar la vista atrás y recordar otras decisiones igualmente marcadas por la conveniencia política y la división en bloques de los magistrados. En la última renovación del TC el PSOE y el PP actuaron a calzón quitado y ni se esforzaron en disimular la adscripción partidista de los nuevos magistrados. La cuota, por calendario, favoreció al PSOE y el PP se vio obligado a ceder porque bloquear al TC, después de tener cuatro años sin hacerlo en el órgano de gobierno de los jueces, era un exceso.

Con unos magistrados dispuestos a mancharse la toga con el polvo del camino, se entiende que el PP haya puesto toda la clase de excusas para impedir la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que de hacerse con las mayorías actuales y con el plan vigente darían la mayoría al sector progresista, y dejaría de ser un avispón para el Gobierno. A día de hoy parece que su renovación está más cerca, que hay atisbos de acercamiento que solo son capaces de ver quienes escudriñan cada palabra, o mejor cada silencio, porque la situación ha llegado a tal punto, con ultimátum y mediaciones mediante, que en este momento lo menos relevante es cuál es el acuerdo que se alcanza sino como se cuenta para tender una pista de aterrizaje al pacto y que no levante críticas internas. Lo relevante para el PSOE, y que intenta evitar el PP, es que el sector progresista pueda nombrar mayoritariamente jueces en los altos tribunales para equilibrar la situación actual y su escoramiento hacia posiciones conservadoras, más tendentes a mancharse la toga con el polvo de las moquetas.