Siguen su curso los cuatro procesos judiciales más mediáticos porque en dos de ellos están investigados sendos familiares directos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su esposa, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; en otro el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, nombrado por el Gobierno, y en el cuarto y más relevante a efectos de lo que tradicionalmente se entiende como corrupción política quien fuera su mano derecha, José Luis Ábalos. Todos ellos se encuentran en el momento en el que los jueces instructores recaban las declaraciones de testigos que puedan aportar testimonios sobre las relaciones que han tenido con los investigados.  

En el caso de Begoña Gómez le ha tocado el turno a los principales directivos de Google e Indra que financiaron el software que se encargó por parte de la cátedra que dirigía la esposa del presidente. Como es lógico los altos directivos han dicho no saber nada más allá de que sus empresas participaron en la financiación de ese proyecto, han dado las cantidades que se pusieron sobre la mesa, que ya se sabían, y como es lógico, al tratarse de una inversión de tono menor en relación con el volumen de negocio de sus empresas, se han desligado de su gestión y por supuesto han dado los nombres de los encargados de los proyectos. Resulta sorprendente que el juez Juan Carlos Peinado no atisbara que esa iba a ser la respuesta de los directivos y que tendría que bajar el nivel para encontrar a quienes decidieron sobre la aportación de los fondos utilizados. Es decir, el juez ha perdido un tiempo precioso, o lo ha ganado, porque podría haber solicitado a las empresas que le facilitaran esos nombres que ahora, a buen seguro serán llamados a declarar. Por eso ha ganado tiempo, pese a que Begoña Gómez ha explicado que siguió las directrices de la Universidad Complutense, y sin haber obtenido ningún beneficio económico. El próximo testigo en declarar será el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en medio de unas sorprendentes condiciones reclamadas por el juez.

La funcionaria de La Moncloa, Pilar Sánchez Acera, no ha salido investigada tras declarar ante el juez del Supremo, Ángel Hurtado, en el caso de la filtración del reconocimiento del fraude fiscal de la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso el empresario comisionista Alberto González Amador.  Con su exoneración el juez da por cerrada la investigación de la Moncloa como fuente de la revelación de secretos que afecta al fiscal general del Estado. El juez no se creyó el relato de Sánchez Acera que no recordaba quién le remitió el documento sobre González Amador. Hurtado avisó a las partes personadas que podían actuar contra ella si lo consideraban oportuno. Si Sánchez Acera pasará de testigo a investigada tendría la potestad de no decir la verdad y hacer de su olvido su estrategia de defensa y poner en la acusación la carga de la prueba. Quizá ahora Juan Lobato se haya arrepentido de su precipitación al acudir a un notario para ponerse a salvo de la investigación sobre García Ortiz.

En el caso 'Koldo-Ábalos' una testigo acaba de declarar en el Supremo que realizó dos pagos al hermano de Koldo García en República Dominicana, incidiendo en la relación de los dos hermanos en la trama de corrupción ligada al empresario Víctor de Aldama y a Ábalos. Además de esta instrucción, muy compleja, el resto sigue su lenta investigación.