Cada vez que el PSOE de Pedro Sánchez se afana en evitar arrojar luz sobre lo que está dispuesto a humillar al país para seguir en el poder, los beneficiados de sus negociaciones, fundamentalmente los secesionistas catalanes, le sacan los colores y ridiculizan los intentos de Ferraz por soterrar la evidencia. Ayer fue el presidente catalán, Pere Aragonès, el que proclamó en el Senado que la amnistía que Sánchez quiere rendir a los condenados por delitos políticos y de corrupción es solo el punto de partida, un medio más para alcanzar el fin último. A saber, un referéndum de independencia.

Para Esquerra no hay anatemas que valgan. Sus líderes hablan tan claro como lo hacen los peones de Carles Puigdemont, que espera en su escondite de oro a que la decantación de los hechos le permita regresar a España como el libertador de una Cataluña escindida de España y, en consecuencia, de Europa. Todo, con un porcentaje de voto minúsculo respecto al país y siendo la quinta fuerza política en Cataluña en las últimas generales. Para apuntalar la hoja de ruta que deberá desembocar en un debate de investidura en el que será difícil travestir la rendición de los socialistas a mayor gloria del candidato, el PSOE ha impuesto la ley del silencio en sus cuadros autonómicos, ayer ausentes en la Cámara Alta. Incluso los dirigentes que menos comulgan con las pretensiones de Sánchez, caso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, hacen mutis por el foro para no ser señalados por la máquina de purgar que el presidente en funciones tiene plenamente operativa en el aparato central.

La causa política no es lo único que esa amalgama imposible que constituye el bloque secesionista, en el que comulga la burguesía institucional con el republicanismo y los antisistema, ha puesto sobre la mesa. A Aragonès le sobró tiempo para proclamar lo que están obteniendo de Sánchez, pues de no ser así no tendría sentido alguno sufrir el desgaste que conllevará para el propio Partido Socialista el mercado persa en el que se ha puesto a la venta todo lo que ha cimentado medio siglo de progreso. El presidente catalán volvió a recordar que, al margen de una amnistía para la que no admiten matices y de la determinación para oficiar un referéndum, sus votos implican la manipulación del sistema de financiación autonómica para saciar la voracidad que ha llevado a Cataluña a deber 80.000 millones de euros al Estado. O lo que es igual, la condonación de una deuda generada con despilfarro y una gestión ominosa. Y todo pasado por unos presupuestos generales que deberán primar las inversiones en Cataluña, algo que necesariamente sucedería en detrimento del resto de España. El discurso de Aragonès puede indigestar más o menos, pero no incurre en la necedad de ocultar lo evidente.