Cuando hasta hace media hora los portavoces oficiosos apoyaban sin fisuras y los portavoces oficiales defendían a capa y espada, y apenas ese tiempo después unos piden la dimisión y los otros guardan un silencio que confirma los peores augurios, se necesitan muy pocos datos más para pensar que, quizás, sea el momento de dejarlo, de tirar la toalla, máxime si una jueza ha desmontado todos los argumentos en los que se apoyaba la defensa de una posición que se sabía frágil desde el primer momento que se ha ido debilitando aún más después de una serie de artimañas y manipulaciones para diluir responsabilidades que han quedado al descubierto. Con ellas se pretendía encubrir una negligencia, confirmada en primera instancia judicial, que ha dado paso a una resistencia numantina abocada a la derrota, que solo se mantiene porque quien debe decidir se debate en elegir entre lo malo y lo peor.
Estas apreciaciones que indican la delicada situación en la que se encuentra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que se resiste a dimitir tras la funesta gestión de la dana de los últimos días del pasado mes de octubre y que se mantiene con respiración asistida a su proyecto de recuperación de las zonas catastróficas, sirven también para otros casos de corrupción en los que se ha visto el mismo comportamiento de los afectados y de los partidos que los sustentan, que tratan de asirse a cualquier madero para dilatar lo inevitable porque la realidad resulta muy difícil de ocultar.
Carlos Mazón ha comenzado a sentir que, como en la canción de Bebo Váldes y Diego El Cigala, "Lágrimas negras", los suyos "le han sumido en el abandono", que el debate sobre su defenestración política está sobre la mesa en Génova 13, que los halagos iniciales a su gestión se han transmutado en críticas porque, tras la negligencia señalada por la justicia, se han seguido cometiendo errores políticos y faltan explicaciones. Sobre todo, porque la jueza de Catarroja ha sido contundente al subrayar que toda la responsabilidad de la gestión del desastre estaba en manos de la Generalitat Valenciana, y por tanto no era necesaria la declaración de la emergencia nacional sino actuar con la diligencia debida. El propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue quien más defendió la necesidad de la intervención del Gobierno, desechada por la juez.
La cuestión ahora es determinar cómo y cuándo el PP va a soltar la mano de Carlos Mazón, si le van a permitir una salida honrosa o si caerá en el ostracismo de manera estrepitosa. Además, deben elegir a quién vaya a asumir el reto de recuperar el prestigio perdido. En el partido que gobierna la Generalitat Valenciana todo son cálculos políticos en los que hay que contar con alguna negativa, en principio, a asumir esa responsabilidad, y con un outsider recién aparecido dispuesto a hacer ruido, el expresidente valenciano, Francisco Camps, que reclama su rehabilitación tras haber sido absuelto del 'caso de los trajes' que motivó su dimisión.
El PP valenciano y el nacional no solo tienen un problema interno, sino que dependen de Vox a quien todas las encuestas dan como socio necesario para que un popular vuelva a dirigir la Generalitat Valenciana. El partido de ultraderecha permanece agazapado mientras elabora su lista de demandas. Esto también se ha visto: los votos de la minoría sirven para imponer a la mayoría lo que no han conseguido en las urnas.