De todo el problema político que se ha creado con la votación en contra del decreto ómnibus presentado por el Gobierno, que recogía la subida de las pensiones, las ayudas al transporte y a los afectados de la dana y el volcán de La Palma, y renovaba las ayudas del escudo social desplegado desde la pandemia y la guerra de Ucrania, la única certeza es que los pensionistas recibirán la subida aprobada por el Gobierno y que las ayudas comprometidas volverán a estar en vigor. El cómo y el cuándo es otra cuestión distinta hasta que el Gobierno y sus socios de legislatura encuentren una fórmula para recuperarlas. El Gobierno se opone al troceo del decreto y los socios-adversarios, junto al PP, exigen que se voten por separado.

Detrás del deseo de hacer sudar tinta al Gobierno y demostrar su debilidad parlamentaria, que primaba en el rechazo del decreto ómnibus por parte del PP, y las exigencias de Junts, que con su escasa minoría quiere condicionar la gobernabilidad de todo el país, se van vislumbrando los verdaderos intereses de los partidos de derechas. Así, por ejemplo, se ha hecho patente  el rechazo a la permanencia de la moratoria para los desahucios de las familias vulnerables, porque tanto el PP como Junts proponen defender a los propietarios, ya sean pequeños o grandes, frente a la 'okupación' o más aún frente a la 'inquiocupación' de aquellos inquilinos que han dejado de pagar sus alquileres. Para justificar esa posición  se tergiversan cifras, se magnifica el problema -que evidentemente existe por las subidas desmesuradas de los alquileres-, y se proponen, como hace el PP, fondos para que los propietarios con pisos vacíos se animen a alquilar.

Desde hace un tiempo las compañías aseguradoras publicitan la contratación de seguros contra la 'okupación', que se encuentran en torno a los cincuenta euros anuales, mientras que por los de 'inquiocupación' suelen pedir un cuatro por ciento de la renta anual, es decir, menos de la mitad de una mensualidad para tener una variada panoplia de coberturas legales y económicas.

Otra cuestión que malea el debate son las falsedades que se introducen en el mismo, como, otro ejemplo, que el decreto incluía las subidas del IVA en alimentos y suministros, cuando estas ya se habían producido desde principios de año porque era la fecha tasada. Cuando todo se mezcla y se recurre a falsedades el debate se desarrolla en unos términos demagógicos y populistas contra los que es muy difícil que la verdad salga a la luz. Por no hablar de que, en el caso de Junts y ante la reacción de sus propios votantes a los que afecta negativamente su voto en contra del decreto ómnibus, comiencen a trasladar la idea de que los pensionistas catalanes tendrían que cobrar más porque en su territorio el coste de la vida es más caro.

Cierto que el Gobierno ha tratado de evitar una sucesión de negociaciones sectoriales, a las que Junts ha dado carpetazo, pero no lo es menos que si no hay subida de pensiones y de ayudas al transporte o a los damnificados de las dana es porque Junts y PP votaron en contra. En el primer, caso sin dar explicaciones en el pleno del Congreso; y en el segundo, por el famoso palacete de Paris devuelto al PNV, -incautado por la Gestapo-, que Mariano Rajoy pacto devolverles y que para más inri ya había sido escriturado por los nacionalistas vascos antes de que se votara el decreto.