De nuevo los dos partidos independentistas catalanes andan en competición a ver cuál de ellos le pone las cosas más difíciles al Gobierno. Tras los últimos movimientos de ERC y de Junts, Pedro Sánchez puede empezar a olvidarse de contar con unos Presupuestos Generales del Estado para este año, tal y como era su propósito para dotar a la legislatura de una estabilidad con la que será muy difícil que cuente.

Los últimos movimientos del Ejecutivo, con el acuerdo sobre inmigración firmado con Junts, ni la aceleración del traspaso de Cercanías a la Generalitat, además de la propuesta de quita de deuda han servido para ablandar a los independentistas irredentos que consideran estas cesiones como parte del pago previo para las investiduras de Pedro Sánchez y Salvador Illa, y pretenden conseguir nuevas cesiones del Gobierno, aún no explicadas, a cambio de su apoyo. .   

Es lo que tiene la firma de pactos puntuales sin que se haya establecido un acuerdo marco para la legislatura y lo que obliga al Gobierno a sudar sangre para arrancar acuerdos a los partidos independentistas. Ocurre que está tan desangrado y las exigencias son tantas que cada vez está más exhausto y casi debe comenzar a pensar ya en la elaboración de los PGE de 2026, que a tenor de como la política internacional interfiere en las cuestiones nacionales serán cada vez más difíciles de aprobar si en la ecuación interviene también el incremento del gasto militar.  

Siempre se ha considerado a ERC más proclive al acuerdo con el Gobierno, aunque nada más sea por el apellido de Esquerra que casa mejor con la pertenencia a una sociedad progresista, pero a la hora de la verdad pesa más su componente independentista con la exigencia del cumplimiento de los pactos firmados. El hecho de que ERC celebre su congreso el próximo fin de semana y que pretenda sacudirse la presión de sus adversarios de Junts, que lo presentan como un partido más dócil con los intereses del Ejecutivo, no es ajeno a esa posición negacionista del pacto sobre las cuentas públicas, sobre todo cuando el principal argumento vuelve a ser los incumplimientos históricos en la ejecución de las inversiones en Cataluña.

Pero, a la hora de apelar al victimismo, nadie mejor que Junts, que ha cifrado en 50.000 millones la "acumulación de incumplimientos" y que no está dispuesto a negociar hasta que el Estado pague "toda la deuda pendiente" en Catalunya en materia de infraestructuras. El propio Puigdemont se encargó de enfriar el optimismo del Gobierno respecto a la negociación de los PGE que desde el Gobierno se consideraba un camino más desbrozado tras la firma del pacto migratorio, criticado a derecha -por poner en riesgo la unidad de España- y a izquierdas -por el carácter racista e identitario que contiene-, y tampoco se ha producido por el momento ningún ofrecimiento de negociar las cuentas públicas.

La desafección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia la Unión Europea que ha motivado que las instituciones europeas sientan la necesidad de contar con una defensa autónoma frente a los riesgos que representa Vladimir Putin también hará más difícil que la izquierda del PSOE apoye los Presupuestos si atisban que el incremento del gasto en defensa perjudica la inversión en servicios sociales.

En la marcha pendular de la negociación de los PGE la masa se encuentra, ahora, en el punto más alejado de la vertical.