El homicidio de una educadora social en el que presuntamente están implicados tres jóvenes que se encontraban internados en un centro de cumplimiento de medidas judiciales de menores, en Badajoz, ha puesto sobre la mesa un problema del que se sabía su existencia, pero al que no se había puesto solución, porque como en la gestión de otros servicios sociales, no se ha producido la inversión necesaria ni se han adoptado las medidas precisas que vienen demandado los trabajadores que los atienden que han denunciado las condiciones de inseguridad en el que desarrollan su profesión, porque los jóvenes delincuentes son cada vez más violentos y con mayor déficit de valores morales. Los jóvenes acusados tienen 14 y 15 años, y la joven que les ayudó en su huida 17.

La proliferación de episodios de violencia en centros de jóvenes tutelados denunciada por los educadores y trabajadores sociales desata un doble debate. En primer lugar el de la necesidad de proveerlos de mayor seguridad mediante la contratación de vigilantes especializados que garanticen la tranquilidad de los trabajadores encargados de su atención; y en segundo lugar, y más complejo, trabajar sobre las medidas disciplinarias y los protocolos de actuación ante las distintas casuísticas que se encuentran los educadores sociales cuando tratan con menores delincuentes. Sin olvidar en ningún caso que su compromiso firme se orienta hacia la reinserción de los jóvenes internados, aunque en algunos casos expresen sus dudas sobre la eficacia de su trabajo.

La responsabilidad penal de los menores comienza a los catorce años y las penas se adaptan a los delitos cometidos, en las que priman la imposición de medidas educativas o trabajos en beneficio de la comunidad, salvo en los casos más graves, como homicidio o asesinato, en los que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor establece condenas de hasta ocho años de internamiento en un centro cerrado y otros cinco años de libertad vigilada. Pero la mayor parte de los jóvenes internados, como ha sido el caso de Badajoz, cumplen sus penas en régimen abierto y de hecho los jóvenes acusados de la muerte de la educadora social se habían fugado unos días antes para ser devueltos al centro cuando fueron localizados por la policía.

Los tres jóvenes implicados son españoles. La mención a esta condición no tendría que ser relevante a los efectos de informar sobre este hecho. Pero un movimiento reflejo motivado por una labor de desinformación muy bien estructurada y alentada por determinados grupos políticos hace que cuando se juntan las palabras "menores" y "delincuentes", la vista se vuelva hacia los menores extranjeros no acompañados que se encuentran internados en los centros de acogida que, en efecto, nada tienen que ver con los centros de cumplimiento de medidas judiciales de menores por la comisión de delitos por las que un juez de menores decide su internamiento o porque se encuentran en espera de la celebración de juicio, como es el centro en el que ha tenido lugar la agresión de la educadora social que estaba al cargo de los menores que presuntamente le han causado la muerte.   

Las protestas de los educadores sociales para denunciar su inseguridad son una llamada de atención a las autoridades políticas para que atiendan con prontitud las señales de alarma cuando se produzcan.