El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es suficientemente ambiguo en todas las cuestiones relacionadas con el nuevo escenario de seguridad y defensa que no se sabe todavía cuál es la posición del Ejecutivo en torno a la mayoría de ellas. El argumento de Sánchez es que salvo el apoyo incondicional a Ucrania, el resto de asuntos aún están muy verdes como para tomar una decisión definitiva. Eso y la promesa de que el cumplimiento de los compromisos internacionales no supondrá una reducción de las inversiones en servicios sociales.
Así, Sánchez no ha concretado como piensa llegar al 2% de gasto en defensa comprometido por los dos principales partidos, un nivel que se esperaba alcanzar en 2029, pero que ahora, tras el volantazo estadounidense respecto a su compromiso con la defensa europea tiene que ser adelantado por la presión del resto de los países aliados de la OTAN y la Unión Europea para defenderse de forma autónoma de un hipotético ataque del oso ruso. Tampoco se conoce qué piezas presupuestarias contribuirán a aumentar el 1,28% que figura en los PGE vigentes, disminuido por el aumento del PIB, a los que se pretende añadir partidas relacionadas con la ciberseguridad, otras inversiones de I+D+i, la aportación de fuerzas policiales militarizadas y otras vinculadas al concepto de "seguridad integral europea". Tampoco se conoce cuál será la fórmula con la que la Unión Europea contribuirá al esfuerzo del gasto militar, si habrá mutualización, cómo se computará a efectos de las reglas fiscales, si primarán las transferencias a fondo perdido, o si como ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen el mayor esfuerzo debe provenir de cada país.
El Gobierno mantiene su indefinición sobre la participación de España en una fuerza militar que se desplegaría en Ucrania para garantizar la paz una vez que se alcanzara un acuerdo entre los dos países, que Rusia consideraría como una amenaza hacia su territorio, vista la 'gorra' que vista -OTAN o coalición ad hoc-. Para Sánchez hablar de esta posibilidad es prematuro y así lo ha hecho saber en todos los foros en los que se habla de esa posibilidad, lo que ha supuesto que Francia, la promotora de la iniciativa junto a Gran Bretaña, haya excluido a nuestro país de una reunión de los ministros de defensa de los grandes países europeos.
En el plano nacional se desconoce que saldrá del intercambio de impresiones y de la información que Pedro Sánchez va a trasladar a los partidos políticos en las reuniones del jueves con los grupos parlamentarios -excepto Vox-. Con los socios del Gobierno mayoritariamente en contra de aumentar el gasto militar y con el PP dispuesto a no dar un cheque en blanco al Gobierno y no acudir en su ayuda -que originaría problemas, por otro lado-, el Ejecutivo va a tratar por todos los medios de evitar que el debate sobre estas cuestiones llegue al Congreso, aunque es posible que no pueda evitarlo, en función de los compromisos que corresponda asumir y su cuantía. Pero el PP también tendrá que definir su posición con mayor claridad, dado que todos sus socios europeos, sobre todo Alemania, presionan para asegurar la autonomía europea y como partido de gobierno tendrá que definirse entre tanques y hospitales. Otra dosis de ambigüedad, para no hacerse daño, fue el resultado de la reunión entre Sánchez y la vicepresidenta de Sumar, Yolanda Díaz, que puso de manifiesto otro de los problemas derivados del furor militar desatado por Trump, la necesidad de mejorar la interoperabilidad de los ejércitos europeos. Un asunto que se encuentra en otro momento socrático.