Con independencia de que la compleja negociación del nuevo sistema de financiación autonómica dude de considerar la despoblación como criterio para conformar la población ajustada, en una comunidad como la nuestra es necesaria una estrategia regional frente a la despoblación. Son muchos los factores, tanto de índole política, económica, histórica, como social o cultural, que están detrás de los enormes desequilibrios territoriales que caracterizan a nuestro país y que han dejado un auténtico mosaico de espacios con características y problemáticas extraordinariamente diversas. Existe un debate acerca de al menos tres elementos sobre los que recae una gran parte de los sistemas de evaluación de la despoblación. El primero es el que se refiere a los indicadores que deben utilizarse para medir el grado de despoblación, el segundo qué límites debe cumplir un determinado espacio para considerarse despoblado y el tercero el ámbito geográfico que debe tomarse como base para medir la despoblación. Se han utilizado distintos indicadores como la densidad, la pérdida de población o conceptos como el envejecimiento, la natalidad o las condiciones del medio físico, que nos acercan a las entrañas de la despoblación. Otra cuestión es establecer los umbrales que delimitan el abismo de la despoblación. El tercer elemento a contemplar es el ámbito geográfico, puesto que la actual división administrativa encierra desequilibrios internos que enmascaran la situación real. Tanto la división regional como la provincial se caracterizan por su gran tamaño, que esconden enormes diferencias territoriales, como sucede en Castilla y León. Todo ello ha llevado a que cada vez más provincias se sumen a la consideración de áreas despobladas, lo cual está difuminando los problemas de despoblación que sufren las áreas más afectadas.
Castilla y León es probablemente la comunidad que más sufre el impacto de la despoblación, con una gran parte de su territorio por debajo de los 8 hab/km2 y un problema grave de minifundismo municipal, aparte de otros indicadores tradicionales como envejecimiento, pérdida de población joven o desmantelamiento de los servicios. Por eso es tan necesaria una ley de medidas contra la despoblación. Existe un anteproyecto de ley de dinamización demográfica, en el que han participado distintos agentes sociales, con el objetivo de integrar la perspectiva demográfica en el diseño de las políticas públicas. Se han avanzado algunas medidas genéricas, en torno a 10 ejes de actuación, para impulsar la dinamización del medio rural. Pero consideramos que la Junta debería ser extremadamente cuidadosa a la hora de tratar el territorio, porque existen marcadas diferencias, que habría que observar. Sería conveniente efectuar una discriminación en base a distintos indicadores, que determinen el nivel de riesgo o el grado de dificultad que presenta cada territorio. Algunos de ellos nuevos como la dispersión, las proyecciones demográficas y tasa de supervivencia de los municipios, el reemplazo generacional de los mismos, su nivel de aislamiento, los usos del suelo o el acceso a la vivienda o a algunos servicios básicos. En base a esos criterios se debería plantear una delimitación de zonas rurales en función de unas determinadas características y quizá aprovechando el mapa de áreas funcionales estables recogidas en la ley 9/2014. La idea es crear una tipología de zonas rurales, con unas características homogéneas y según el nivel de riesgo de despoblación, en las que proyectar las medidas políticas adecuadas. La categorización del medio rural asegura una mayor justicia territorial y asevera también una política de trazo fino en la lucha contra la despoblación. Una política que ponga el foco en los problemas, estrangulamientos, necesidades y posibilidades que ofrece cada territorio.  De esta forma, los distintos instrumentos de desarrollo rural tendrían diferentes incentivos en función de la problemática y el nivel de riesgo de cada espacio.
Supone una contradicción que el MITECO haya desarrollado una política de atención a la España despoblada y que ahora el juego de intereses de las Comunidades Autónomas abandone este criterio para el nuevo sistema de financiación. La despoblación no figura entre las preocupaciones de los españoles, pero no sería bueno que España consolidara un gran desierto interior, entorno a la isla de Madrid. Las comunidades autónomas cuentan con competencias en ordenación del territorio y deben afrontar el problema. En el caso de Castilla y León debería hacerse una política más proactiva, que contemple la situación de cada territorio.