La excesiva polarización también erosiona las democracias. Lo deberían saber bien nuestros políticos. La polarización y el tacticismo político entorpece la acción de gobierno y convierte a la democracia en un sistema bronco y poco eficaz, que acaba alejando a los ciudadanos de la política. El avance de una sociedad depende de la capacidad de tejer acuerdos; la falta de ellos entre las grandes formaciones debilita la capacidad de gestión, sobre todo en un estado compuesto y complejo como el nuestro. Y la democracia hay que cuidarla, porque es la excepción en el mundo que vivimos. Sus fortalezas son a la vez su mayor debilidad frente a la eficacia en la gestión que ofrecen algunas autocracias. De hecho, asistimos a un proceso de cambio político asociado a cambios sociales de calado y a una frustración en amplias capas de la sociedad, que están produciendo un descrédito de la política convencional. La nueva oligarquía tecnológica que ha accedido al poder en Estados Unidos plantea un sistema en el que no se sabe si cabe la democracia liberal. En poco tiempo, hemos pasado del libre juego de partidos, dentro del sistema democrático, a una creciente preocupación por defender la propia democracia.
El año pasado salimos extenuados por la estrategia del PP de elegir la corrupción como la vía más rápida para derribar al gobierno. La corrupción ha monopolizado el debate político y la estrategia de oposición, en la que todo se pone bajo sospecha y cualquier mínimo indicio se amplifica por todos los medios posibles. Pesan todavía las palabras del expresidente Aznar, "el que pueda hacer que haga", y las del portavoz del PP, Miguel Tellado, de que su partido tenía la obligación de acabar con este gobierno lo antes posible, y lo iban a hacer con todos los medios a su alcance. Nos parece una opción arriesgada, que no ayuda al debate público sosegado ni a la resolución de problemas, cuyos réditos políticos además no están nada claros. La mayor debilidad de este gobierno es su difícil supervivencia, como comprobamos repetidamente. Si por algo se ha caracterizado la presidencia de Pedro Sánchez es por su debilidad y su mala suerte. No solo reproduce la crisis de las democracias liberales, marcadas por las frágiles mayorías y la necesidad de alcanzar difíciles y complejos pactos de gobierno, sino que está plagado desde su inicio de acontecimientos catastróficos, que han puesto a prueba su capacidad de gestión. Era imposible un pacto a la alemana, que abriera un cordón sanitario a Vox, por la distancia entre ambos partidos, agrandada desde la moción de censura, y porque fue el PP quien había ganado las elecciones. El único gobierno posible pasaba por tomar una medida muy impopular, la Ley de Amnistía, que contradecía declaraciones anteriores y que se vendió como una oportunidad de pasar página, para beneficio de toda España. Una ley polémica y arriesgada, de dudoso encaje constitucional, que no le perdona una buena parte de la población. Algunos piensan que Sánchez se ha inmolado y el PP acabará pactando con Junts para acceder a un futuro gobierno, con todo lo que se ha dicho en esta legislatura.
Pero el proyecto más discutible y más preocupante es el de la reforma de la financiación autonómica y la condonación de la deuda, que merece algunas reflexiones. Cataluña ha liderado los cambios que han introducido los distintos gobiernos en las comunidades de régimen común. Podemos dudar de la premisa de que Cataluña ha sido maltratada, como indican algunos estudios, también reconocer que es una comunidad mal financiada y que pagan más porque son más ricos, como ocurre en otros países. Asimismo, se puede considerar razonable el acuerdo sobre la ordinalidad. Pero la idea de cobrar todos los impuestos, con capacidad normativa, y que pueda extenderse a todas las comunidades, supondría una desmembración de la unidad tributaria, que la haría más ineficaz, provocaría una mayor competencia entre ellas y dejarían un estado inerme, sin recursos propios y sin capacidad de maniobra. Falta por resolver quién decide la cuota de solidaridad, incluida en el acuerdo con ERC. Dejarla en manos de Cataluña no solo sería injusto, sino que supondría asegurar un conflicto en el futuro. Son muchos los temas que comprometen al gobierno y que requerirían un debate en profundidad. Sin embargo, seguimos abstraídos en el mismo círculo vicioso, mientras el mundo se mueve a una velocidad de vértigo. La llegada de un Trump desatado e imprevisible ha revolucionado las relaciones internacionales, y su deriva nacionalista y proteccionista supone reconfigurar el actual sistema de relaciones comerciales, al que Europa tiene que dar respuesta.